La Operación Reforzada de REE ha generado un aumento de aproximadamente tres euros mensuales en las facturas de luz de los hogares con ingresos más bajos. Este mecanismo, implementado por el sistema eléctrico actual, tiene como objetivo prevenir posibles apagones, aunque conlleva un gasto adicional de 1.000 millones de euros que no estaba contemplado en la planificación inicial. Operatoria Reforzada es una acción coordinada del sistema eléctrico que activa todos los recursos disponibles para garantizar el suministro en situaciones de riesgo de desabastecimiento, lo que incluye pagar tarifas más altas a productores y consumidores flexibles para ajustar la oferta y la demanda en tiempo real. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado sobre su impacto económico, especialmente en familias vulnerables, y se debate si estos costes deben ser asumidos por el presupuesto general del Estado o repercutidos en las tarifas de los usuarios.
¿Qué es la operación reforzada?
La Operación Reforzada de REE es un modo de gestión técnica intensiva implementado por Red Eléctrica de España (REE) tras el apagón del 28 de abril de 2025. Su objetivo es garantizar la estabilidad de la tensión y la seguridad del suministro, limitando el riesgo de nuevas caídas del sistema mediante el uso forzoso de centrales síncronas tradicionales.
El coste al usuario normal de la operación reforzada
El coste derivado de la operación reforzada ha impactado un 19% en el precio final de la electricidad. Esto afecta a nivel particular e industrial sin posibilidad de alternativas debido al error en la gestión técnica. Todos los clientes que adquieren la energía a precios indexados al mercado mayorista (pool) han visto incrementadas sus facturas, incluidos los industriales y los consumidores vulnerables acogidos a la tarifa regulada, el PVPC. También las comercializadoras “están asumiendo unos sobrecostes inesperados e inasumibles”, critican las mismas fuentes.
Teniendo en cuenta que en España hay unos 30 millones de puntos de suministro, los 3.300 millones de euros del coste de las restricciones técnicas se tradujo en unos 110 euros al año para un usuario con una potencia contratada de 3 kW. De esa cantidad unos 33 euros anuales correspondieron a la operación reforzada.
