La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación. Su objetivo es determinar posibles prácticas anticompetitivas en el mercado energético español. Se analiza un eventual cierre de mercado discriminatorio. Esto podría restringir la capacidad operativa de terceros. La actuación busca esclarecer si ciertas conductas han afectado la competencia.
La CNMC evalúa si existió un abuso de posición dominante. De confirmarse indicios, podría abrir expediente y aplicar sanciones. El organismo llevó a cabo una inspección entre el 26 y 29 de octubre de 2026. Tuvo lugar en la sede de un grupo empresarial. Este grupo opera en el sector energético español. La acción se enmarca en una información reservada. Dicha información surgió tras una investigación preliminar. Esta fue desarrollada por la Dirección de Competencia.
Procedimiento de inspección sobre prácticas anticompetitivas en el mercado energético
La CNMC enfatiza el carácter preliminar de estas inspecciones. Son parte del análisis de presuntas conductas anticompetitivas. La inspección no prejuzga el resultado final. Tampoco implica una declaración de culpabilidad.
Si los hallazgos revelan indicios de prácticas prohibidas, se actuará. Esto incluye infracciones según la Ley de Defensa de la Competencia. También aplica al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, el organismo iniciará un expediente sancionador formal. Esta fase administrativa permitirá un examen detallado de los hechos.
Las conductas bajo investigación, si se confirman, serían graves. Podrían constituir una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. También del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ambos artículos abordan el abuso de posición de dominio.
Marco sancionador en materia de competencia
La CNMC recuerda que el abuso de posición de dominio es una infracción muy grave. Así lo tipifica la normativa de competencia. Estas infracciones pueden acarrear sanciones económicas considerables. Afectarían a las empresas responsables.
La legislación vigente establece multas. Estas pueden alcanzar hasta el 10% del volumen de negocios total. Se considera el ejercicio previo a la sanción. La cuantía final dependerá del procedimiento sancionador. También de la valoración de los hechos probados.
